• España será el primer país europeo con una entidad de supervisión de la Inteligencia Artificial (IA), anticipándose al futuro Reglamento de la UE sobre IA.
• La Agencia cumplirá las labores de supervisión y minimización de riesgos y busca generar un ecosistema de investigación y empresarial de Inteligencia Artificial.
• La futura sede responderá también al compromiso de descentralización del sector público del Gobierno y de vertebración del territorio.
• España se sitúa como un país puntero y referente en Inteligencia Artificial desde un punto de vista humanista, que respete los derechos de la ciudadanía y genere un clima de confianza.​

El Consejo de Ministros ha acordado hoy el inicio del procedimiento para establecer la sede física de la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA).

Con ello, España se convertirá en el primer país de la Unión Europea con una Agencia Estatal de supervisión de la Inteligencia Artificial (IA), anteponiéndose a la entrada en vigor del futuro Reglamento europeo de IA, que establece la necesidad de que los Estados miembros cuenten con una autoridad supervisora en esta materia.

La creación de la Agencia Estatal se contempla en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y cuenta con una partida de 5 millones de euros para su puesta en marcha en los Presupuestos Generales de 2022.

Las sedes candidatas deben contar con un fuerte ecosistema empresarial y de investigación sobre la IA, además de estar preparadas para generar y recibir talento técnico multidisciplinar, con conocimientos tanto en las nuevas tecnologías, los diferentes sistemas de IA y sus modelos de supervisión, como en los campos de la ética, las ciencias sociales y jurídicas. También deberán responder al citado proceso de cohesión territorial, con el objetivo de impulsar la igualdad de oportunidades y estimular su tejido social y empresarial.

El establecimiento de esta sede busca también favorecer la vertebración territorial y la descentralización de las sedes del sector público. Por ello, y siguiendo lo establecido en el Real Decreto 209/2022, en las próximas semanas se reunirá la Comisión consultiva con el objetivo de fijar y publicar los criterios que se valorarán para la elección de la sede.

Crear un ecosistema y un polo de innovación y atracción de talento especializado

La Agencia Estatal de Supervisión de la IA gozará de autonomía, independencia, patrimonio propio y de potestades administrativas. Será clave para asegurar el cumplimiento de la regulación europea en materia de IA y para supervisar la correcta interpretación de la misma. Además, pretende concienciar sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la sociedad, con el objetivo de generar confianza en un ecosistema respetuoso y garantista en el uso de esta tecnología. En este sentido, la Agencia tiene como principal misión minimizar los riesgos que puede traer la IA en campos como la seguridad, la intimidad y la salud de las personas, así como sobre los demás derechos fundamentales.

En previsión de las funciones y objetivos específicos de la Agencia, se ha considerado necesaria la determinación de la sede física con carácter previo a su creación y a su puesta en marcha, con el objeto de crear un ecosistema y un polo de innovación y atracción de talento especializado. Con todo ello, España se sitúa como un país puntero y referente en Inteligencia Artificial desde un punto de vista humanista, que respete los derechos de la ciudadanía y genere un clima de confianza.

La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial se enmarca en la Agenda España Digital 2026, en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, así como en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia​, donde se asientan diez políticas palanca que dan desarrollo a una agenda de inversiones y reformas estructurales para cumplir cuatro objetivos transversales: avanzar hacia una España más verde; más digital; más cohesionada desde el punto de vista social y territorial; y más igualitaria.

Determinación de la sede física de una entidad de nueva creación

Cabe recordar que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de marzo el Real Decreto que establece el procedimiento que determinará el término municipal en el que se ubicará la sede física de las nuevas entidades del sector público institucional estatal y creó asimismo la Comisión consultiva para la determinación de las sedes, como órgano colegiado de la Administración General del Estado (AGE) de asistencia al Consejo de Ministros en este procedimiento.

Una vez que se ha iniciado el procedimiento para la determinación de la sede física de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, en el plazo de un mes, la Comisión consultiva, presidida por la ministra de Política Territorial, elaborará un informe que se publicará en el BOE​ con los criterios a tener en cuenta para determinar la ubicación de su sede. A partir de entonces, las comunidades autónomas y los órganos plenarios de las entidades locales podrán presentar por medios electrónicos la candidatura de uno o varios municipios para albergar la sede física de la entidad correspondiente.

Adicionalmente, las administraciones que presentan candidaturas pueden ofrecer todos o alguno de los siguientes compromisos: cesión de bienes inmuebles, asunción de costes financieros del traslado o creación de la sede y medidas de apoyo al personal trasladado.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión solicitará informe a la entidad afectada y elaborará un dictamen, que podrá incluir localidades no postuladas, analizando las posibles sedes y que remitirá al Consejo de Ministros, que adoptará el acuerdo, que se publicará en el BOE​, en el plazo máximo de seis meses desde el inicio del procedimiento.

La desconcentración, principio de funcionamiento de la Administración General del Estado

Con el fomento a la descentralización se pretende fortalecer la igualdad de oportunidades al facilitar que la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia, pueda relacionarse o incluso trabajar directamente en unidades de las instituciones públicas estatales.