La aprobación del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación (en adelante ICT), y en particular, de los sucesivos reglamentos técnicos de desarrollo (Real Decreto 279/1999, Real Decreto 401/2003 y el Real Decreto 346/2011 hoy en vigor) establecieron un nuevo régimen jurídico que, desde la perspectiva de la libre competencia, ha permitido dotar a los edificios de instalaciones suficientes para atender los servicios de recepción de la radiodifusión y televisión digital, telefonía disponible al público y banda ancha ultrarrápida, posibilitando la planificación de dichas infraestructuras de forma que faciliten su adaptación a los servicios de implantación futura, siendo uno de los elementos que explica el éxito diferencial del caso español en el rápido despliegue de redes NGA.
Sin embargo, esta ventaja no despliega todos sus efectos cuando los edificios fueron concluidos antes de la entrada en vigor de los sucesivos reglamentos técnicos de ICT o puede diluirse en el caso de que dichas infraestructuras se mantengan de forma inadecuada.

La Agenda España Digital 2025 recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos, alineados con las políticas digitales marcadas por la Comisión Europea para el nuevo periodo. Las acciones de la Agenda están orientadas a impulsar un crecimiento más sostenible e inclusivo, impulsado por las sinergias de las transiciones digital y ecológica, que llegue al conjunto de la sociedad, marcándose como uno de sus objetivos, el de garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas (meta 2025: 100% de la población con cobertura 100 Mbps).

Como parte del esfuerzo de la Agenda España Digital 2025, el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios, aprobado por el Consejo de Ministros el día 1 de diciembre de 2020, contiene como medida 14 de su eje transversal 5 la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.

La magnitud de la crisis económica, social y sanitaria provocada por la pandemia COVID-19 ha exigido una respuesta común a escala europea que se ha materializado con la puesta en marcha del Fondo de Recuperación “Next Generation EU”, cuyo objeto es contribuir al proceso de recuperación de las economías de la Unión a partir de 2021. Dentro de este Fondo el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes.

Con el fin de canalizar estas inversiones, contribuyendo a una recuperación sólida y sostenible de la economía española, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, se ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que traza la agenda para la modernización de la economía española haciendo uso de los recursos económicos que provendrán de este Fondo.

Dentro de las diez políticas palanca que contempla el Plan, una de las treinta líneas de acción que se identifican es la componente 15, Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G, que tiene entre sus objetivos el impulso a la trasformación digital, apostando por que el 100% de la población disponga de una conectividad adecuada, promoviendo así la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas.

En línea con el citado Plan para la Conectividad, dentro de esta componente 15 del PRTR se contempla la inversión C15.I4 “Renovación y sostenibilidad de infraestructuras. Mejora del equipamiento que permite alojar las infraestructuras de telecomunicaciones situadas en los edificios para optimizar el despliegue de redes y lograr un menor consumo de energía”. Con esta medida se pretende contribuir a superar la situación de crisis generada por la COVID-19, ayudando a la recuperación de todos los sectores económicos, especialmente, impulsando desde los hogares la conectividad que propicie nuevos servicios como el teletrabajo, la educación a distancia o la teleasistencia.

Esta inversión podría canalizarse, si así se decidiese, a través de un programa de ayudas en forma de subvenciones, destinadas a compensar los costes derivados de la mejora de las instalaciones de telecomunicaciones en las edificaciones.

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