• De acuerdo con las directrices comunitarias, la información remitida incluye las perspectivas macroeconómicas y fiscales para 2020 y 2021 y el conjunto de actuaciones llevadas a cabo para contener la pandemia y contrarrestar los efectos económicos y sociales del COVID-19.
• El Programa de Estabilidad recoge el nuevo escenario macroeconómico y fiscal derivado de las medidas establecidas en el estado de alarma y de las actuaciones aprobadas para mitigar el impacto del COVID-19 en familias, trabajadores, autónomos y empresas.
• La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado el nuevo escenario macroeconómico.
• El impacto de la pandemia provoca un aumento del gasto público por las medidas adoptadas para paliar los efectos sociales, laborales y económicos de la crisis y una caída de los ingresos por el menor consumo y actividad empresarial.
• La crisis derivada del coronavirus provoca una revisión al alza de la previsión del déficit público en 2020.

1 de mayo de 2020. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos actualizó ayer el Programa de Estabilidad 2020-2021 y el Programa Nacional de Reformas de 2020 para su remisión a la Comisión Europea. El envío se efectúa en cumplimiento de la obligación de todos los Estados miembros de presentar cada año en el mes de abril ante la Comisión Europea sus Programas Nacionales de Reformas y sus Programas de Estabilidad, en el marco del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas.

Siguiendo las nuevas directrices comunitarias, la información remitida incluye las perspectivas macroeconómicas y fiscales para 2020 y 2021 y el conjunto de actuaciones llevadas a cabo para contener la pandemia y contrarrestar los efectos del COVID-19 en la economía.

Programa de Estabilidad 2020-2021

El Programa de Estabilidad recoge el escenario macroeconómico para 2020 y 2021 apoyado en la última información económica y sanitaria disponible y consistente con el escenario epidemiológico que sirve de base al plan de desescalada y reactivación de la economía.

La economía española venía registrando en los últimos años tasas positivas de crecimiento, superiores en los últimos trimestres a la media de la zona euro. La irrupción del COVID-19 y su incidencia en la economía han ocasionado que se haya frenado de forma abrupta el ciclo de crecimiento iniciado en 2014.

El Programa de Estabilidad incluye el nuevo escenario derivado de las medidas establecidas en el estado de alarma tendentes a reducir la movilidad para frenar la expansión de la pandemia, así como las actuaciones aprobadas para mitigar el impacto del COVID-19 en familias, trabajadores, autónomos y empresas.

El nuevo cuadro macroeconómico, avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, presenta un impacto muy elevado en el corto plazo y una vuelta a la normalidad progresiva. Así, se prevé una especial incidencia de los efectos del COVID-19 en la economía en los dos primeros trimestres de 2020 y el comienzo de la recuperación de la actividad en el segundo semestre de este año. Como consecuencia, se estima una caída del Producto Interior Bruto del 9,2% en el conjunto del año y una importante recuperación en 2021, con una tasa de crecimiento prevista del 6,8%.

Las medidas de protección de los trabajadores y de flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo adoptadas consiguen reducir el impacto en la actividad y el empleo. Se prevé que la tasa de paro se sitúe en el 19% en 2020, para reducirse en 2021 hasta el entorno del 17%.

Todas las iniciativas de apoyo a familias, trabajadores y empresas han permitido mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia, si bien están suponiendo un gran esfuerzo en términos de apoyo presupuestario, de forma que se prevé que el déficit público en 2020 se sitúe en el 10,3% y la deuda pública en el 115,5%.

Programa Nacional de Reformas

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó también ayer la remisión a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas (PNR).

El documento se ha elaborado en un contexto extraordinario determinado por la crisis del COVID-19 y, siguiendo las orientaciones de la Comisión Europea, se ha reorientado su contenido para incorporar las medidas adoptadas para afrontar los retos socioeconómicos derivados de pandemia.

El Gobierno español ha adoptado sucesivos paquetes de medidas que conforman una respuesta decidida a la expansión del virus en tres ámbitos: el sanitario, el económico y el social. Las medidas económicas y sociales adoptadas tienen como objetivo tejer una red de seguridad que proteja a los ciudadanos y preservar la actividad económica y el empleo.

En el plano económico se han adoptado medidas para proteger el tejido productivo, prestando especial atención a las pymes y los autónomos. En el plano social se han puesto en marcha medidas para sostener las rentas de las familias y de los trabajadores, amortiguando el impacto de la crisis sobre los colectivos más vulnerables y apoyando también el mantenimiento de las rentas y la demanda interna.

Asimismo, en este marco de excepcionalidad se han abordado también importantes reformas estructurales, cuyo impacto positivo se extenderá en el futuro una vez controlada la crisis sanitaria. Entre las medidas adoptadas cabe destacar, entre otras, el establecimiento de un régimen ágil de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado laboral español y la eficiencia de las empresas; la puesta en marcha de un sistema de gestión de información eficiente en el ámbito sanitario, el fomento del teletrabajo; el impulso de la digitalización en el ámbito educativo, en las empresas, particularmente en las pymes, en la justicia y en el Servicio Público de Empleo; el desarrollo de un sistema de gestión eficaz de las prestaciones de la Seguridad Social a través de las mutuas profesionales y el desarrollo de aplicaciones basadas en la inteligencia artificial para la gestión de la movilidad.

Consolidación fiscal

El compromiso del Gobierno con la sostenibilidad de las cuentas públicas queda de manifiesto con los datos de consolidación fiscal previos a la pandemia del COVID-19. En concreto, España cerró 2019 con un déficit del 2,8%, lo que implica cumplir por segundo año consecutivo con el Pacto de Estabilidad de la UE después de que en 2018 abandonar el Procedimiento de Déficit Excesivo por primera vez desde el inicio de la crisis de 2008.

El esfuerzo de consolidación destaca en el caso de la Administración Central y la Seguridad Social, que en conjunto lograron reducir su déficit un 3,2% en 2019 en un contexto de doble prórroga presupuestaria en el que no se pudieron aprobar nuevos ingresos y se adoptaron importantes medidas sociales como la revalorización de las pensiones un 1,6%; la subida de las pensiones mínimas y no contributivas un 3%; la subida de las pensiones de viudedad un 7%; el aumento del SMI un 22,3%; la recuperación del subsidio de mayores de 52 años; el aumento de 5 a 8 semanas del permiso de paternidad; o la devolución del IRPF de maternidad.

Además, a pesar de la aprobación de esas medidas con un presupuesto prorrogado, el Estado logró un superávit primario de 8.486 millones de euros en 2019.

Los datos en el primer trimestre de 2020 mostraban que la tendencia positiva se mantenía con una reducción del déficit del 13,9% por parte de la administración central, a pesar de que en marzo se notaron los primeros efectos de la pandemia.

Previsiones de ingresos y gastos

En este sentido, es evidente que la crisis provocada por el COVID-19 también impacta en las cuentas públicas como consecuencia de un significativo mayor gasto generado por las medidas sociales, sanitarias, laborales y económicas adoptadas para mitigar el impacto de la cri