• El ministro anuncia que se sustituirá la tasa de reposición a partir de 2025 por un sistema de planificación plurianual de plantillas con más autonomía para los gestores
• Se aplicará un nuevo modelo de recursos humanos basado en tareas y competencias para el desempeño de los distintos puestos que proporcionará horizontes de carrera más motivadores
• Se reforzarán los procedimientos de evaluación de políticas públicas ex ante con personal especializado en cada Ministerio
• Se modificará la ley para poner fin a la cita previa obligatoria y se simplificarán las vías digitales de acceso y el lenguaje administrativo
• Una nueva unidad operativa dará respuesta a desafíos transversales, como la pandemia
• Se mejorarán los mecanismos de transparencia y se abordará la regulación de las actividades de los grupos de interés

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha presentado a los diputados de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso un consenso para reformar la administración para que sea “más moderna e innovadora, mejor dotada de efectivos que dispongan de las herramientas tecnológicas que garanticen los derechos fundamentales de la ciudadanía, y con unos servicios públicos de calidad que sean más accesibles para todos”.

En la presentación de las líneas generales de actuación del departamento en materia de Función Pública, el ministro ha explicado que la evidencia científica muestra cómo la mejora de la calidad de los servicios públicos redunda en un mayor crecimiento y bienestar social. Los estudios internacionales “constatan que España ha avanzado notablemente en los últimos años en los indicadores de buen gobierno, pero queda margen de mejora para seguir acercándose a los países mejor posicionados, los nórdicos, que es nuestra ambición”.

Consenso por una Administración abierta

Para cumplir ese objetivo, Escrivá ha propuesto a los grupos parlamentarios avanzar en una Administración abierta, que se apoye en cuatro ejes: “inversión en las capacidades de servicio público, políticas públicas basadas en la evidencia, apertura a la ciudadanía y más transparencia, participación pública y rendición de cuentas”.

En materia de inversión en las capacidades de servicio público, el ministro ha planteado que en un escenario de renovación generacional de las plantillas (más de la mitad de los empleados públicos alcanzará la edad de jubilación durante los próximos diez años) y en plena adaptación al cambio tecnológico, “el desafío y la oportunidad es la captación y la retención de talento”. Para ello, las líneas de acción han de ser una gestión anticipada de las necesidades de personal y nuevos modelos de recursos humanos basados en competencias y en posibilidades de carrera más estimulantes.

Fin de la tasa de reposición

Para hacer una gestión previsional del personal, que permita anticipar las necesidades de empleados públicos para atender a los ciudadanos con eficacia y calidad, “hay que reemplazar la fórmula actual, basada en instrumentos de crecimiento vegetativo de las plantillas -la tasa de reposición de efectivos- por una nueva que diseñe las plantillas a partir de los servicios públicos que ha de prestar el Estado de Bienestar y los escenarios presupuestarios plurianuales fijados por la Unión Europea”, ha asegurado el ministro. También ha propuesto dar más autonomía a los gestores de recursos humanos para poder optimizar el capital humano de sus organizaciones (con un control ex post de calidad) y cambiar el modelo de selección de personal y promoción profesional por uno “basado en tareas y competencias necesarias para el desempeño de los distintos puestos susceptibles de ser ocupados, que a la vez plantee un modelo de carrera motivador, que aproveche el potencial de los recursos humanos y que permita desarrollar políticas de upskilling y reskilling de los empleados públicos”.

Para atraer los mejores perfiles profesionales en un momento de gran competencia internacional y con el sector privado por el talento, el ministro ha avanzado que se elaborará un nuevo Estatuto del Directivo Público que concrete sistemas formalizados de selección de carácter meritocrático, elaborando perfiles y competencias directivas en torno a un catálogo o repertorio, con períodos de desempeño estables, causas de remoción tasadas, evaluación regular del desempeño y un sistema de retribuciones vinculado a los objetivos alcanzados. Asimismo, se articulará un plan para captar talento junior y senior.

Políticas públicas basadas en evidencia

La elaboración de políticas públicas basadas en una sólida evidencia científica y sometidas a controles ‘ex ante’ y ‘ex post’ es garantía de que los servicios públicos se prestan con mayor eficacia cada vez. Para favorecer la extensión de estas prácticas a toda la administración, se proporcionará un rol clave a la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas en la evaluación previa y diseño de las distintas políticas públicas, y se potenciará el papel de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en su control y evaluación a posteriori.

Además, se definirá un sistema de indicadores, se establecerá un calendario de evaluaciones y se crearán capacidades en cada uno de los ministerios para impulsar el buen diseño y supervisión de las políticas públicas, que se utilizarán para mejorar las herramientas y procesos de toma de decisiones.

Las capacidades de diseño, evaluación y mejora de las políticas públicas se reforzarán a su vez con la aplicación de las nuevas tecnologías: mapas conceptuales, interoperabilidad semántica de todos los datos de la Administración General del Estado y generación de nuevos datos de calidad permitirán aplicar las capacidades de la Inteligencia Artificial generativa a la toma de decisiones, integrando en un cuadro de mandos único todos los aspectos de la puesta en marcha de políticas: presupuestos, contratación, procesos, órganos, impactos…

Fin de la cita previa obligatoria

Los datos del CIS muestran que casi tres de cada cuatro ciudadanos españoles han utilizado vías telemáticas para hacer consultas con la administración en los últimos 12 meses, consolidándose como una de las formas principales de interacción y acceso a los servicios públicos; es por ello obligación de los poderes públicos garantizar que es una fórmula segura y rápida y, a la vez, complementaria y no sustitutiva de los canales tradicionales, que son los preferidos de muchos ciudadanos y, para muchos de ellos -como los más vulnerables- los más convenientes.

En este sentido, las medidas que el ministerio pondrá en marcha incluirán el fin de la cita previa obligatoria, operando para ello una modificación en la Ley de Procedimiento Administrativo Común; la reforma del portal www.administracion.gob.es para organizarlo por hechos vitales (nacimiento, matrimonio, jubilación…) y facilitar así su uso; el desarrollo de pilotos de hubs de prestación de servicios de atención a la ciudadanía alimentados con IA, con especial foco en el reto demográfico y colectivos con especiales necesidades; fortalecer y potenciar el uso del teléfono 060 (de información sobre gestiones y trámites con la Administración General del Estado) y avanzar en el uso del lenguaje administrativo claro y fácil.

Además, para garantizar la rápida respuesta de las administraciones ante las situaciones cambiantes y fortalecer su capacidad de adaptación ante shocks externos, se creará una unidad operativa que pueda dar respuesta a crisis inesperadas, como la pandemia, o retos de amplio alcance, como la gestión de planes de recuperación.

Transparencia y participación

La transparencia y la oportunidad de participar en el diseño de las políticas públicas “aumentan la confianza de los ciudadanos en la administración y su valoración de nuestro sistema democrático”, ha dicho el ministro, que ha presentado varias iniciativas para reforzar ese compromiso; entre ellas, una impulso de los mecanismos de transparencia que incluyan la regulación de las actividades de los grupos de interés, la mejora de las herramientas de participación ciudadana en la adopción de las decisiones de política pública, la puesta en marcha de nuevas vías de prevención de conflictos de interés y el refuerzo organizativo y de recursos de la Oficina de Conflictos de Interés, y la mejora y fortalecimiento del Foro de Gobierno Abierto como espacio de diálogo y cocreación normativa con la sociedad civil.

Comparecencia de Líneas Generales en la Comisión de Hacienda y Función Pública

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